El Gobierno de España decreta el Estado de Alarma para los próximos 15 días

17 de marzo de 2020 Actualidad Asesoría Israel Súarez Hermoso de Mendoza Jurídico

El pasado 14 de marzo, ante el avance del coronavirus, COVID-19, el Gobierno de España decretó el Estado de Alarma para los próximos 15 días, prorrogables con la autorización del Congreso de los Diputados. Lo hizo a través del Real Decreto 463/2020, que establece el Estado de Alarma en todo el territorio nacional y tiene numerosas implicaciones fiscales, financieras y de orden jurisdiccional social que aquí resumimos:

1. Aspectos fiscales

La Agencia Tributaria permanecerá cerrada para la atención presencial y, por tanto, los plazos en los procedimientos tributarios serán ampliados. En tanto se aprueba esta modificación, la Agencia no considerará incumplido el plazo ante un trámite pendiente.

Respecto a los plazos de autoliquidaciones y declaraciones informativas como el modelo 720, estamos a la espera de que una norma o la AEAT aclare si quedan afectados por la suspensión de los plazos.

Asimismo, os informamos de que la AEAT ha publicado en su web una información sobre las instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme a la flexibilización establecida en el Real Decreto-ley 7/2020. Para acceder a esta información pinche aquí.

2. Aspectos relativos al orden jurisdiccional social

Las empresas podrán adoptar medidas organizativas o preventivas de carácter temporal que eviten el contacto social sin paralizar su actividad, por ejemplo, el teletrabajo.

Por otro lado, se ha ampliado la protección para el personal del régimen del mutualismo administrativo en el sentido de que los periodos de aislamiento y contagio del COVID19 tengan la consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación económica por incapacidad temporal.

Además, cabe conceder vacaciones a los empleados como medida preventiva para frenar el virus, siempre que se pacten entre el empresario y el trabajador.

Por último, si la empresa se ve en la necesidad de suspender la actividad de manera total o parcial, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente, distinguiendo ERES y ERTES. Las diferencias son las siguientes:

-Un ERTE es temporal, el trabajador vuelve tras un periodo de tiempo a la empresa, mientras que en un ERE el despido es definitivo.

-En un ERTE no se tiene en cuenta el nº de trabajadores de la empresa, mientras que en un ERE sí.

-En el ERTE el empleado no cobra ninguna indemnización y, en el ERE, los empleados cobran como mínimo 20 días de salario por año de servicio.

-Por causas de fuerza mayor, la empresa puede solicitar a las consejerías de trabajo que decidan aplicar un ERTE en un plazo máximo de 5 días. Y la duración no está establecida en ninguna norma, se determina entre la empresa y los representantes de los trabajadores o, en su defecto, lo puede determinar la autoridad laboral.

3. Ámbito financiero

Se establece una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.

Además, se ha establecido un aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso, en los préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y Pyme.

Por último, la Comisión Nacional del Mercado de Valores:

-Prohíbe temporalmente las ventas en corto sobre acciones de 69 sociedades cotizadas.

Realiza determinadas consideraciones sobre las juntas generales de sociedades cotizadas.

4. Suspensión de las actuaciones judiciales y los plazos procesales

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, manteniéndose los servicios esenciales de la Administración de Justicia. Esta suspensión se entiende aplicable a los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles.

5. Servicio de atención al ciudadano por parte del Ministerio de Justicia

Se limita el acceso de profesionales y ciudadanos a las sedes judiciales salvo para aquellos trámites imprescindibles e inaplazables. Cualquier otra gestión deberá realizarse vía LexNET o por vía electrónica o telefónica.

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