El pasado 16 de junio entró en vigor la Ley 5/2019, del 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, de forma que, a partir de ahora, comenzará a aplicarse con plenos efectos.
Siguiendo a la Unión Europea, todos los países debían implementar en su ordenamiento jurídico unas directrices comunitarias en materia hipotecaria. La ley española ha ido más allá de las peticiones europeas e incluye en su texto una batería de novedades que buscan dar más seguridad y transparencia tanto para bancos como para clientes.
Cambios destacados
La nueva normativa obliga al cliente a acudir al notario con una antelación mínima de 10 días para analizar con él las condiciones de la documentación remitida por el banco y solventar posibles dudas. La entidad, por su parte, debe entregar una información muy exhaustiva a consumidor y notario a través de un medio telemático para su verificación.
Además, limita las comisiones por amortización total o parcial y según el momento en el que se realice la cancelación y se amplía el límite del deudor antes de que el banco pueda iniciar la ejecución de la hipoteca.
Otro de los cambios más importantes que introduce es que prohíbe las cláusulas suelo, abarata el proceso de conversión de una hipoteca variable a una fija o una hipoteca multidivisa a una en euros, limita el interés de demora, se prohíbe que la concesión esté sujeta a la contratación de otros productos como seguros y se reparten claramente los gastos de formalización de la hipoteca.
Fuente: Idealista.es
